Evidencia digital admisible en juicio: requisitos legales para abogados (2026)

TL;DR - Evidencia digital admisible en juicio

La prueba electrónica es hoy habitual en los procedimientos judiciales, aunque no exista cifra que lo mida: el CGPJ publica actividad judicial, no composición probatoria, de modo que aquí no se le pone un porcentaje ni se dice «la mayoría». Lo que sí se observa en la práctica es que la evidencia digital se impugna con frecuencia y prospera la impugnación, casi siempre por errores procesales evitables: se aporta sin acreditar el origen, sin verificar la integridad o sin poder explicar cómo se obtuvo.

Como perito informático forense, colaboro habitualmente con despachos de abogados en la aportación y defensa de pruebas electrónicas. Esta guía reúne los requisitos legales, la jurisprudencia actualizada y las mejores prácticas para que la evidencia digital admisible en juicio resista cualquier impugnación en los tribunales españoles.

Qué es la evidencia digital y que tipos existen

La evidencia digital es cualquier dato almacenado o transmitido en formato electrónico que puede tener valor probatorio en un procedimiento judicial. El art. 299.2 LEC reconoce como medio de prueba los “instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”.

Tipos de evidencia digital y su tratamiento procesal

Marco legal español: la normativa que rige la prueba digital

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 1/2000)

La LEC es la norma procesal de referencia para la evidencia digital en todas las jurisdicciones. Los artículos clave son:

Artículo 299 - Medios de prueba

El apartado 2 del art. 299 LEC enumera como medios de prueba “los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas”¹. La cláusula abierta, sin embargo, no está en ese apartado sino en el 299.3: es él quien admite «cualquier otro medio no expresamente previsto» del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes. De ahí que no exista una lista cerrada de medios de prueba electrónicos.

Artículos 382-384 - Instrumentos de reproducción y archivo

• Art. 382 LEC: instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido. La parte que los proponga podrá aportar «en su caso» la transcripción escrita de las palabras que resulten relevantes; no es una obligación de transcribirlo todo.
• Art. 383 LEC: se levanta acta de la reproducción, y el material queda bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia para evitar alteraciones. No regula un examen directo del soporte por el tribunal.
• Art. 384 LEC: los instrumentos de archivo se examinan por los medios que la parte aporte o que el tribunal disponga, con posibilidad de contradicción, y se valoran conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 326 - Documentos privados

Cuando la evidencia digital se aporta como documento electrónico (PDF firmado, contrato en Word), se aplica el régimen del art. 326 LEC. Si la parte contraria no impugna la autenticidad, el documento hace prueba plena. Si se impugna, el proponente puede solicitar cotejo pericial (art. 326.2 LEC).

Artículo 265 - Momento procesal de aportación

Los documentos y medios de prueba en que se funda la pretensión se acompañan con la demanda o con la contestación. La prueba digital no es una excepción, y conviene precisar dos cosas que suelen contarse mal.

La audiencia previa no es un segundo plazo general: el art. 265.3 LEC permite aportar allí aquello cuya relevancia solo aflore a consecuencia de las alegaciones de la contestación, no cualquier documento que no se aportó a tiempo.

Y el art. 270 contiene tres supuestos, no uno: documentos posteriores a la demanda o contestación, documentos anteriores cuya existencia se desconocía, y documentos que no se pudieron obtener por causa no imputable a la parte.

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

En el orden penal, la prueba digital tiene particularidades relevantes:

• Arts. 588 bis a) a 588 octies: Regulan las medidas de investigación tecnológica (interceptación de comunicaciones, registros remotos de equipos, captación de comunicaciones orales).
• Art. 588 sexies: Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, móviles). Requiere autorización judicial motivada.
• Arts. 456-485: Regulan el informe pericial, incluido el del perito informático.

Ley Orgánica 3/2018 (LOPD-GDD) y Reglamento Europeo (RGPD)

La obtención de evidencia digital debe respetar la normativa de protección de datos:

• Art. 6 RGPD: La base de licitud para el tratamiento de datos con fines probatorios puede ser el interes legitimo (art. 6.1.f) o el cumplimiento de una obligación legal.
• Art. 22 LOPD-GDD: Videovigilancia. Las grabaciones de cámaras de seguridad son admisibles como prueba siempre que cumplan los requisitos de la normativa de protección de datos.
• Art. 87 LOPD-GDD: Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Limita la monitorización de empleados y condiciona la licitud de la evidencia obtenida de dispositivos corporativos.

Los cuatro planos que decide un tribunal, y que no son un test de admisión

Circula un «test de tres requisitos» —autenticidad, integridad y licitud— como si la ley condicionara la admisión a superarlo. No existe como tal. Lo que hay son cuatro planos distintos, que se resuelven en momentos distintos y con consecuencias distintas, y confundirlos es lo que más daño hace en un escrito:

1. Pertinencia y oportunidad procesal: si la prueba se propuso en su momento y guarda relación con el objeto del pleito. Es lo único que se decide propiamente en la admisión.
2. Autenticidad y exactitud: si es lo que dice ser. Se puede impugnar, y entonces se acredita por pericial o por cualquier otro medio útil.
3. Integridad y trazabilidad: afecta a la fiabilidad y al peso de la prueba, no a su admisión.
4. Licitud de la obtención: es el único que activa una nulidad legal tasada, la del art. 11.1 LOPJ.

La diferencia práctica es grande: la falta de un hash o de una cadena de custodia documentada no expulsa la prueba del proceso; le resta valor y puede exigir corroboración. Lo que no surte efecto es lo obtenido vulnerando derechos fundamentales.

Dicho eso, los tres planos técnicos son los que un perito trabaja, y así se acreditan:

1. Autenticidad: demostrar que la evidencia es genuina

La autenticidad responde a la pregunta: «¿es esta evidencia lo que pretende ser?». El Tribunal Supremo ha insistido repetidamente en que la facilidad de manipulación de los documentos electrónicos exige cautelas adicionales:

«La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.» — STS 300/2015³

Métodos de acreditación de autenticidad:

• Verificación de hash criptográfico (SHA-256) del archivo o imagen forense
• Análisis de metadatos (fechas de creación, modificación, autor)
• Verificación de cabeceras de correo electrónico (SPF, DKIM, DMARC)
• Extracción de la base de datos original (msgstore.db en WhatsApp, signal.db en Signal)
• Cotejo con los registros del proveedor del servicio (Google, Microsoft, Meta)

2. Integridad: garantizar que no se ha manipulado

La integridad exige demostrar que la evidencia se encuentra en el mismo estado que cuando fue obtenida. Esto se garantiza mediante:

• Cadena de custodia: documento que registra quien ha tenido acceso a la evidencia, cuando y con que finalidad. Cualquier interrupcion en la cadena compromete la integridad.
• Hash criptográfico: valor matemático único que cambia si se altera un solo bit del archivo. El estándar forense es SHA-256.
• Write blockers: dispositivos hardware o software que impiden la escritura accidental en el soporte original durante la adquisición forense.
• Copia forense bit-a-bit: duplicado exacto del soporte original, incluyendo espacio no asignado y archivos eliminados. Se realiza con herramientas como FTK Imager, Guymager o dd forense.

3. Licitud: obtención respetuosa con derechos fundamentales

Es el único de los cuatro cuya infracción produce una consecuencia legal tasada: el art. 11.1 de la LOPJ dispone que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Esa fórmula —incluida la extensión a la prueba derivada— es de la ley, no de la STC 114/1984, que es la que fundamentó constitucionalmente la exclusión. La evidencia obtenida vulnerando derechos fundamentales no solo es inadmisible, sino que contamina toda prueba derivada de ella (doctrina del fruto del árbol envenenado, art. 11.1 LOPJ).

Supuestos frecuentes de ilicitud:

• Acceder al móvil de otra persona sin su consentimiento ni autorización judicial
• Interceptar comunicaciones de empleados sin base normativa ni advertencia alguna y de forma desproporcionada. Conviene no invocar aquí la STC 241/2012: esa sentencia denegó el amparo. El supuesto era un programa de mensajería instalado en un ordenador de uso común, sin clave, contra una prohibición expresa de la empresa, y los mensajes se descubrieron de forma casual. La tesis contraria está en un voto particular, no en el fallo
• Instalar software espía (spyware) en dispositivos ajenos
• Obtener datos de cuentas bancarias o correos electrónicos de terceros sin orden judicial

Supuestos de licitud consolidados:

• Aportar comunicaciones propias (el receptor es parte de la comunicación)
• Monitorización laboral proporcionada y con expectativa de privacidad acotada de antemano. La STC 170/2013 —que trata correo electrónico corporativo, no videovigilancia— desestimó el amparo atendiendo a que el convenio colectivo prohibía el uso extralaboral de los medios de la empresa. Y la Gran Sala del TEDH en Bărbulescu aplica un test de factores —entre ellos el aviso previo del alcance—, no una regla automática por la que la ausencia de un aviso anule la prueba
• Grabaciones de videovigilancia con cartel informativo y cumplimiento RGPD
• Datos obtenidos de fuentes abiertas (OSINT) sin manipulación

Cómo se aporta evidencia digital al procedimiento: guía paso a paso

Este es el protocolo recomendado para abogados que necesitan aportar evidencia digital con las máximas garantías de admisibilidad:

Paso 1: Preservar la evidencia inmediatamente

Antes de cualquier actuación procesal, asegure la preservación de la evidencia digital:

• No manipule el dispositivo original (no abra archivos, no reenvie mensajes, no haga capturas de pantalla desde el propio dispositivo)
• Active el modo avion en dispositivos móviles para evitar sincronizaciones que alteren datos
• Documente fotográficamente el estado del dispositivo
• Contacte con un perito informático forense para realizar una extracción forense certificada

Paso 2: Obtener la copia forense con cadena de custodia

El perito informático realizara:

1. Identificación del dispositivo (marca, modelo, IMEI, número de serie)
2. Adquisición forense (copia bit-a-bit con herramientas certificadas)
3. Calculo de hash SHA-256 del original y de la copia
4. Acta de cadena de custodia firmada por el perito y el cliente
5. Almacenamiento seguro de la copia forense en soporte cifrado

Paso 3: Análisis pericial y elaboración del informe

El perito analiza la copia forense y elabora un informe pericial que debe incluir:

• Metodología y herramientas empleadas
• Verificación de autenticidad e integridad
• Hallazgos relevantes para el caso
• Conclusiones técnicas motivadas
• Anexos con evidencia de soporte (hashes, metadatos, capturas indexadas)

Paso 4: Aportación procesal

• Jurisdicción civil: Aportar con la demanda o contestación (art. 265 LEC). El informe pericial se adjunta como dictamen de perito de parte (art. 336 LEC). Anunciar la comparecencia del perito en juicio para ratificación.
• Jurisdicción penal: Solicitar diligencia de informe pericial (art. 456 LECrim) o aportar como prueba documental en fase de juicio oral.
• Jurisdicción social: desde el 3 de abril de 2025, el art. 82.5 LRJS exige el traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental y pericial con diez días de antelación al juicio. Ya no basta con llevarla el día del acto. La práctica de la pericial y su ratificación están en el art. 93; el art. 94 regula la documental.

Paso 5: Ratificación en juicio oral

Conviene distinguir por jurisdicciones, porque la regla no es la misma. En el proceso civil, la intervención del perito en el juicio no es automática: se produce si una parte lo solicita y el tribunal lo admite (art. 337.2 y art. 347 LEC), y el dictamen se valora por sana crítica en todo caso. En el proceso social, el art. 93.1 LRJS sí contempla específicamente la práctica de la pericial y su ratificación en el acto. Lo prudente, en la práctica, es reservar siempre la comparecencia: es gratis pedirla y no se puede improvisar después.

Diferencias por jurisdicción: civil, penal y laboral

Impugnación de la prueba digital: cuando y como se impugna

Como abogado defensor, la impugnación de la evidencia digital es una herramienta procesal fundamental. Existen tres vias principales:

1. Impugnación de autenticidad

Base legal: Art. 326.2 LEC (documentos privados), art. 382 LEC (instrumentos de reproducción).

Motivos habituales:

• Las capturas de pantalla pueden haber sido generadas con aplicaciones de falsificación (WhatsFake, FakeChat)
• Los correos electrónicos pueden haber sido creados localmente sin envio real
• Las imágenes pueden haber sido editadas con software de manipulación o generadas por IA

Estrategia: Solicitar al proponente que acredite la autenticidad mediante peritaje informático. Si no puede, su fuerza probatoria queda muy debilitada.

2. Impugnación de integridad

Base legal: Art. 382-384 LEC; principio de integridad y cadena de custodia (ISO/IEC 27037).

Motivos habituales:

• Ausencia de cadena de custodia
• La evidencia ha sido manipulada entre su obtención y su aportación al proceso
• No se ha realizado copia forense (se aporta el dispositivo original o copias parciales)
• Los hash no coinciden entre la supuesta evidencia original y lo aportado

Estrategia: Solicitar peritaje contradictorio. Analizar si los metadatos son coherentes con la cronología alegada.

3. Impugnación de licitud

Base legal: Art. 11.1 LOPJ, art. 18 CE, art. 287 LEC (procedimiento de ilicitud probatoria).

Motivos habituales:

• Obtención sin consentimiento ni autorización judicial
• Vulneración del secreto de las comunicaciones
• Incumplimiento del RGPD en la recogida de datos
• Desproporción en la medida adoptada

Estrategia: Plantear la cuestion de ilicitud probatoria (art. 287 LEC en civil, cuestiones previas en penal). Si prospera, la prueba es nula y arrastra a las pruebas derivadas.

Tabla resumen: motivos de impugnación y respuestas

El papel del perito informático en la prueba digital

El perito informático forense es la figura clave que permite al abogado superar los tres requisitos de admisibilidad. Su intervención es relevante en tres momentos procesales:

Antes del procedimiento: preservación y adquisición

• Realiza la copia forense del dispositivo o soporte
• Documenta la cadena de custodia
• Calcula y certifica los hash criptográficos
• Preserva la evidencia ante riesgo de destrucción

Durante la fase de preparación: análisis y dictamen

• Analiza la evidencia con herramientas forenses certificadas (EnCase, Cellebrite UFED, Autopsy, FTK)
• Elabora el informe pericial con metodología ISO 27037⁵
• Identifica indicios de manipulación o falsificación
• Extrae y contextualiza los metadatos relevantes

En juicio: ratificación y defensa del dictamen

• Ratifica el informe ante el tribunal
• Explica cuestiones técnicas en lenguaje comprensible para el juez
• Responde al interrogatorio contradictorio de las partes
• Rebate, en su caso, las objeciones del perito de la parte contraria

Jurisprudencia clave actualizada (2015-2026)

Sentencias del Tribunal Supremo

STS 300/2015, de 19 de mayo (Sala 2.ª)³

Sentencia de referencia sobre autenticidad de la mensajería digital: el supuesto eran conversaciones de Tuenti aportadas impresas. Advierte de la facilidad de manipulación y sitúa la carga de acreditar la autenticidad en quien aporta el mensaje cuando la contraparte lo impugna. Dos precisiones que suelen perderse: no trata cadena de custodia ni nulidad por pérdida de integridad, y en aquel caso no se practicó pericial —la condena se confirmó con otras corroboraciones—, de modo que tampoco la exige de forma incondicionada.

STS 754/2015, de 27 de noviembre (Sala 2.ª)

Complementa a la anterior: ante la impugnación de la autenticidad, la resolución contempla tres vías alternativas para despejarla —prueba pericial, reconocimiento de la contraparte o prueba testifical—. No declara que la única ruta sea peritar la base de datos original.

STS 375/2018, de 19 de julio (Sala 2.ª)

Introduce una matización: puede prescindirse de la pericial cuando no existan dudas razonables sobre la autenticidad o cuando otros elementos del proceso corroboren el contenido.

STS 332/2019, de 27 de junio (Sala 2.ª, ponente Vicente Magro Servet, rec. 10732/2018 — ROJ STS 2205/2019 · ECLI:ES:TS:2019:2205)

Fija el momento procesal y a quién le cae la pericial. La impugnación de la prueba digital corresponde al escrito de defensa; formulada ahí, obliga a la acusación a proponer una pericial informática sobre la veracidad del contenido y su falta de alteración⁶.

STS 116/2025, STS 603/2025 y STS 629/2025 (Sala 2.ª)

Consolidan la tendencia flexibilizadora. Recogen la doctrina de la STS 375/2018: la pericia se exige ante la impugnación no meramente retórica y en términos generales de la autenticidad, «por la existencia de sospechas o indicios de manipulación», salvo que otros elementos de la causa despejen la duda. En la práctica, aceptan capturas de pantalla sin peritaje como prueba suficiente en ausencia de impugnación motivada⁷.

La STS 116/2025 se identifica en CENDOJ con el ROJ STS 634/2025; ambas referencias designan la misma resolución².

Sobre las sentencias de Audiencias Provinciales

El criterio legal: el artículo 384 de la LEC admite como medio de prueba los instrumentos que permiten «archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones», y el artículo 326.2 establece que, impugnada la autenticidad de un documento privado, es quien lo aportó quien ha de pedir el cotejo pericial o proponer «cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto». De ahí sale, sin necesidad de cita menor, la respuesta a un correo impreso en PDF: no es que sea inadmisible, es que impugnado, hay que probar que es auténtico, y una impresión no lo prueba.

Para el criterio concreto de una Audiencia, el buscador del CENDOJ es gratuito y devuelve cada resolución con su ROJ y su ECLI, que es lo único que se puede citar en un escrito.

Doctrina del Tribunal Constitucional

STC 114/1984, de 29 de noviembre (Sala Segunda, amparo 167/1984) — es la resolución que introduce en España la regla de exclusión, razonando expresamente sobre la exclusionary rule norteamericana. Conviene citarla con precisión, porque desestimó el amparo: grabar una conversación en la que se participa no vulnera el art. 18.3 CE, ya que «no hay «secreto» para aquel a quien la comunicación se dirige». Y advierte que «no existe un derecho fundamental autónomo a la no recepción jurisdiccional de las pruebas de posible origen antijurídico»: la exclusión se ancla en el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE.

La nulidad de la prueba refleja —el llamado fruto del árbol envenenado— no está en esa sentencia, sino en el art. 11.1 LOPJ: «No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». Ese «indirectamente» es el que arrastra a las derivadas.

STC 170/2013 (Sala Primera, 7-10-2013, amparo 2907-2011) — no versa sobre videovigilancia sino sobre el control del correo electrónico corporativo. Desestimó el amparo atendiendo a que el convenio colectivo prohibía el uso extralaboral de los medios de la empresa, lo que acotaba de antemano la expectativa de privacidad. No formula una regla por la que la falta de aviso previo anule la prueba.

Errores comunes de abogados con prueba digital

En mi experiencia profesional, estos son los 10 errores más frecuentes que cometen los abogados al trabajar con evidencia digital:

Normas técnicas de referencia

El peritaje informático forense se apoya en estándares internacionales que los tribunales reconocen como garantía de calidad:

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Son las capturas de pantalla de WhatsApp prueba válida en juicio?

Si, pero con matices. Las capturas de pantalla de WhatsApp son admisibles como medio de prueba (art. 382 LEC), pero su valor probatorio es limitado si la parte contraria las impugna. Según la jurisprudencia del TS (STS 300/2015, STS 116/2025), cuando la impugnación se apoya en indicios concretos de manipulación es necesario un peritaje informático que verifique la autenticidad mediante la extracción de la base de datos original del dispositivo. Una impugnación genérica o meramente retórica no basta para desactivar la prueba.

¿Qué pasa si la parte contraria impugna mi evidencia digital?

Si la parte contraria impugna la autenticidad de su evidencia digital, usted debe acreditar que es genuina. La via más segura es el dictamen pericial informático que demuestre la autenticidad e integridad del documento electrónico. Si no puede acreditarlo, el tribunal puede desestimar la prueba o restarle valor probatorio. Es recomendable anticipar la impugnación y aportar el peritaje desde el inicio.

¿Es obligatorio contratar un perito informático para aportar evidencia digital?

Legalmente no es obligatorio en todos los casos. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que es prácticamente imprescindible cuando: (1) la parte contraria impugna la prueba con indicios concretos de manipulación (STS 116/2025), (2) el procedimiento es penal y la prueba digital es determinante, o (3) la evidencia es el elemento probatorio principal del caso. Aportar evidencia digital sin peritaje es un riesgo procesal que puede costar el caso.

¿Puedo aportar correos electrónicos impresos como prueba?

Si, pero su valor probatorio es débil. Un correo impreso en papel pierde los metadatos y las cabeceras técnicas que permiten verificar su autenticidad (remitente real, IP de origen, sellos SPF/DKIM). Es preferible aportar el correo en formato electrónico (.eml) junto con un informe pericial que analice las cabeceras y confirme que fue efectivamente enviado y recibido.

¿Qué coste tiene un peritaje de evidencia digital?

El coste varía según la complejidad. Un peritaje básico de mensajería (WhatsApp, email) oscila entre 600-1.500 EUR. Un peritaje completo con análisis forense de dispositivo puede alcanzar 1.500-3.500 EUR. En caso de sentencia favorable, estos costes pueden integrar la tasación de costas. No es automático: hace falta pronunciamiento expreso sobre costas, y el art. 394 LEC contempla la estimación parcial, las excepciones por dudas de hecho o de derecho y límites cuantitativos. Consulte nuestra página de precios para un presupuesto detallado.

¿Se puede recuperar evidencia digital que ha sido borrada?

En muchos casos, si. Los archivos borrados no desaparecen inmediatamente del soporte de almacenamiento; su espacio se marca como disponible pero los datos persisten hasta que se sobrescriben. Un perito informático puede recuperar mensajes de WhatsApp borrados, correos eliminados, archivos suprimidos y más. Sin embargo, el éxito depende del tiempo transcurrido y de si se ha utilizado el dispositivo después del borrado.

¿Es legal grabar una conversación sin que la otra persona lo sepa?

En España es legal grabar una conversación en la que usted participa, incluso sin consentimiento de la otra parte. La razón está en la STC 114/1984: el secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE protege frente a la intervención de terceros ajenos a la comunicación, no frente a los propios interlocutores. Lo que sí es ilegal es grabar conversaciones de terceros en las que usted no participa (art. 197 CP). La grabación obtenida legalmente es admisible como prueba, aunque conviene acompañarla de un peritaje que acredite su integridad y la ausencia de edición.

¿Qué plazo tengo para preservar evidencia digital?

No existe un plazo legal específico, pero actuar con rapidez es esencial. La Ley 25/2007 impone a los operadores —no a cualquier prestador— conservar determinadas categorías de datos de comunicaciones para su cesión en la investigación de delitos graves: el plazo general es de doce meses, ajustable por vía reglamentaria entre seis meses y dos años. Las grabaciones de videovigilancia deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación (art. 22.3 LOPDGDD), con la salvedad de las que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra personas o bienes. Y los proveedores de correo y mensajería pueden eliminar cuentas inactivas. La recomendación es preservar la evidencia inmediatamente tras identificar su relevancia.

Preguntas relacionadas

Si esta guía le ha resultado útil, estos recursos complementarios pueden ayudarle a profundizar en aspectos específicos:

• ¿Cómo se hace un informe pericial informático? - Estructura, contenido y requisitos del dictamen pericial informático con validez judicial
• ¿Qué es la certificación forense de WhatsApp? - Proceso completo para certificar conversaciones de WhatsApp como prueba admisible
• ¿Qué es la evidencia digital? Definición y glosario - Concepto técnico-jurídico completo de evidencia digital en informática forense
• ¿Cómo funciona la cadena de custodia digital? - Procedimiento para mantener la trazabilidad de la evidencia digital desde su adquisición
• ¿Qué es la ratificación del perito en juicio? - Guía sobre la comparecencia del perito informático en el acto del juicio oral
• ¿Cuánto cuesta un informe pericial informático? - Tarifas actualizadas 2026, factores que influyen en el precio y opciones de financiación

Referencias y fuentes

Sobre el autor: Jonathan Izquierdo es perito informático forense. Ex-CTO y arquitecto cloud con más de 20 años en el sector tecnológico y certificado en AWS Security y AWS Solutions Architect, ejerce como perito judicial desde 2025 y colabora con despachos de abogados en la preparación y defensa de evidencia digital ante los tribunales españoles.

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